Denuncia Pública

DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL SOBRE EL CAOS NORMATIVO

EN EDUCACIÓN A PRIMERA INFANCIA

La normatividad, aplicación y práctica docente de la educación a niños y niñas menores de 6 años se encuentra no solo en un limbo jurídico sino en un verdadero caos normativo que no permite definir lineamientos técnicos, curriculares, o de práctica pedagógica, que definan claramente como formar a nuestra primera infancia.

Comenzando con la norma suprema, o norma de normas,  la Constitución Nacional, encontramos que en relación al Derecho a la educación (art. 67) la población menor de 5 años no es visible: no existe.

Al último intento del Proyecto de Acto Legislativo 013 de 2009 Senado, 353 de 2009 Cámara, por medio del cual se modificaría el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia que pretendía, entre otros objetivos, establecer un preescolar de tres años como parte del sistema educativo y a elevar a fundamental el Derecho a la educación, le faltó tiempo para su aprobación faltándole los dos últimos debates en la Cámara de Representantes.

La Ley general de educación, 115/94,  intentó reglamentar aumentando 2 graditos, Pre jardín y Jardín,  al grado obligatorio denominado 0 o Transición. En este mismo sentido se pronuncian los reglamentarios de esta Ley, Decreto 1860 y Decreto 2247. O sea, los denominados graditos formales de Jardín y Pre jardín no son constitucionales y a todas luces excluyentes con gran parte de la población infantil menor a cinco años.

Sin embargo el artículo 44 de la Constitución Nacional indica en su primera parte: Son derechos fundamentales de los niños *: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (*En cuanto a distinción de género: Ley de Infancia, art.12, nuestra propia posición  y la sentencia de la H. Corte Constitucional C-804 que señala desde la perspectiva y equidad de género hacer la distinción entre niño y niña).

En reglamentación parcial, el artículo 29 de la Ley 1098/06, de Infancia y Adolescencia, permite el marco legal para la Educación Integral a niños y niñas menores de 6 años, que da aplicabilidad al Acuerdo  138 del Concejo de Bogotá, al programa nacional AIPI –Atención Integral a la Primera Infancia- en conjunción con el Programa Presidencial de 0 a 5iempre.

La prestación del servicio AIPI por parte del Estado, convenio MEN-ICBF, para niños y niñas menores de 6 años, asegura la articulación con la básica primaria (1er grado) en los colegios estatales, al igual que debe ser en todos los municipios nacionales certificados.

De ahí que dentro del contexto constitucional la educación participa de la naturaleza de derecho fundamental propio de la esencia del hombre y de su dignidad humana, amparado no solamente por la Constitución Política de Colombia sino también por la reiteración de la H. Corte Constitucional y por los Tratados Internacionales a la mayoría de los cuales Colombia se ha suscrito.

En el Distrito Capital, Bogotá, los lineamientos y estándares técnicos para la prestación del servicio fueron diseñados por expertos que en principio delinearon la Educación Inicial (de Primera Infancia) para niños y niñas de 0 a 5  años (6 no cumplidos) en escala de edades de 0 hasta Pre jardín y Jardín, como un servicio de calidad integral, incluido el componente pedagógico, dentro de modernas tendencias universales aplicables a nuestras realidades. En la misma dirección, el programa Buen Comienzo de Medellín.

Actualmente la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, instancia delegada para la inspección, vigilancia y control de Jardines Infantiles oficiales y privados, con los sucesivos cambios en la Administración, ha instituido un total mutismo burocrático  para con la sociedad civil organizada afectada. Tal vez la opulencia presupuestaria obnubila la misión que esta tiene con los administrados; adicionalmente, algunos contratistas de la SDIS y funcionarios de la SED intentan legislar a título personal, con las consecuencias legales en que estos podrían incurrir.

El servicio público con funciones sociales prestado por particulares, o sea, la educación privada a la primera infancia, a través de ANDEP, propenderá en forma permanente ante las ramas competentes para:

·         Presentar la iniciativa gubernamental del Proyecto de Acto Legislativo que incluya la Primera Infancia, 0 a 5 años, en el artículo 67 de la constitución Nacional como el  Grado Inicial, o Educación Inicial, obligatorio formal (obligatoria la prestación por parte del Estado).

·         Hacer de la educación a la Primera Infancia un Derecho fundamental y una Política de Estado inclusiva, que se implemente en el marco de las Dimensiones del Desarrollo Humano y su consecuente desarrollo de habilidades, destrezas, valores, conocimientos y actitudes necesarios para la formación de un nuevo ciudadano. La implementación de la educación como política de Estado es de vital importancia, dada la relación directa que tiene con todos los demás derechos en los diversos ámbitos de la vida social, afectiva y económica del país.

·         Definir lineamientos y estándares técnicos nacionales diferentes a los de la escuela tradicional, priorizando El Juego, El Arte, La Literatura, La Exploración del Medio, como preparación para la vida, incluida la futura vida escolar.

·         Definir instancias de Inspección, vigilancia y control mediante funcionarios de experticia en el sistema educativo formal, a la Primera Infancia o Educación Inicial.

·         Abrir espacios de participación de la sociedad civil organizada, acorde a nuestra magna carta.

Comité Directivo de Andep