En el marco del debate en el Concejo a Secretaria de Integracion social

Apartes de la Carta radicada dirigida a la Señora Secretaria de Integracion Social en el marco del debate en el Concejo de Bogotá. El texto completo se envia a nuestros afiliados.


Una gran parte del sector educativo de la primera infancia, representado en los Jardines Infantiles privados que prestan este servicio público en el Distrito, está afectada en su razón social por la metodología de la calificación por Conceptos y su forma de publicación, además, intimidada y ultrajada por abusos de contratistas de campo dependientes de la Subsecretaría de Infancia.

La principal afectación la encontramos en lo referente a los conceptos y su forma de publicación

Conceptos.
Se emiten en gran parte mediante revisión documental.
Es importante anotar que en muchos casos el negativo se debe a que otros organismos vinculados han manifestado su imposibilidad de realizar las visitas de concepto técnico por no contar con el personal necesario y menos con la logística adecuada: Departamento de Bomberos y Secretaría de Salud.

La Publicación de estos conceptos perjudica enormemente la razón social de muchas instituciones que por uno de estos documentos o por haberse extraviado su carpeta en la SDIS figuran socialmente como peligrosos para los niños y niñas.

La segunda y no menos importante afectación es la Intimidación y ultraje a las instituciones y a sus Directivas docentes por parte de contratistas de campo para la Asesoría y Control a la Educación Inicial.

Por delegación de la Subsecretaría de Infancia el Grupo de Asesoría y Control a la Educación Inicial se conforma por jóvenes contratistas, muchos removidos anualmente, dificultando la continuidad, asesoría y necesario conocimiento de la tradición y experiencia profesional de la mayoría de instituciones educativas.

Tenemos evidencias documentadas y testimoniales de abusos en la propiedad privada, entre otras, como es el ingresar sin ninguna autorización de las directivas o propietarias de los establecimientos educativos a las cocinas a botar a la basura los insumos que a ellos les parece que no deben estar; ingresar a las aulas sin permiso interrumpiendo la clase; asustando a los niños y niñas al increpándolos para que les informen que almorzaron; amenazando (la amenaza puede configurarse como delito) con cerrar el Jardín de acuerdo a su decisión personal; presionando agresivamente a la Directora en grupos hasta de 8 contratistas durante 8 horas continuas, lesionándola sicológicamente.

Mientras tanto, no se hacen visitas a localidades incómodas para trasladarse, tampoco a los más de 2.000 jardines renuentes a la regularización y que gozan de la tranquilidad de la no intervención. Parece que para estas personas es mejor rebuscar la minucia en la comodidad de ciertos sectores urbanos.

Señora Secretaria, no es mucho pedir el mismo respeto que le brindamos a usted y a la instancia ni recordar que el servicio público de la educación prestado por particulares no es un beneficio de las autoridades: es un derecho constitucional.